A razón de 90 millones al mes. Alrededor de 360 millones en el primer cuatrimestre. Este es el agujero ocasionado por el Gobierno a la Generalitat Valenciana al no aprobar nuevos presupuestos generales del Estado ni el prometido Real Decreto-ley que compense los fondos que están percibiendo de menos las autonomías al prorrogarse los PGE de 2023.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes de la Conselleria de Hacienda de la Generalitat Valenciana. El departamento que dirige Ruth Merino alertó desde el primer momento, cuando Pedro Sánchez renunció a mediados de marzo a aprobar unos nuevos presupuestos, que la prórroga presupuestaria supondría una abultada caída de ingresos para todos los territorios si no se aprobaba con agilidad el mencionado decreto.

En el caso de la Comunitat Valenciana se trata de un impacto anual de 1.793 millones de euros. Cabe recordar que la renuncia a aprobar unos nuevos presupuestos se produjo por el adelanto electoral en Cataluña. Sánchez vislumbró una negociación imposible con los independentistas catalanes, imprescindibles en la exigua mayoría que tiene en el Congreso.

[El Gobierno de Mazón cifra en 1.793 millones el coste para los valencianos de que no haya nuevos presupuestos]

Las consecuencias de aquella decisión siguen vigentes mes y medio después, y también en un contexto de grave ingobernabilidad, con la continuidad de Sánchez en el aire. En este lapso temporal el Ejecutivo no ha aprobado el Real Decreto-ley que ajuste las aportaciones a las autonomías.

El problema deriva de que la prórroga de los PGE de 2023 implica que las autonomías no recibirán las entregas a cuenta actualizadas conforme a las previsiones comunicadas por el propio Ministerio de Hacienda, unas previsiones con las que las comunidades autónomas elaboran sus presupuestos. Este es el impacto que tiene lugar mes a mes, el de recibir unas entregas a cuenta inferiores a lo esperado. La Comunitat recibe 90 millones menos de lo previsto todos los meses.

Por otra parte, la prórroga presupuestaria reduce de forma significativa la liquidación del ejercicio 2022, que se abona en 2024, porque varios de los fondos que lo componen tienen naturaleza presupuestaria y con la prórroga no pueden aumentar. Sin embargo, en este caso se trata de una transferencia única que tiene lugar en verano, de modo que este segundo impacto todavía no se ha producido.

"Pese a que la ministra de Hacienda presume de que las comunidades autónomas recibirán este año la mejor financiación de su historia, la realidad es que esto no se ha traducido de momento en una mejora de los ingresos este año y no será así mientras el Gobierno no actualice estas entregas", denunció en marzo la consellera de Hacienda.

En el caso de la Comunitat Valenciana, el importe de las entregas a cuenta comunicado para 2024 asciende a 12.555 millones, mientras que la liquidación provisional del ejercicio 2022 se eleva a 2.699 millones de euros.

En total, los recursos que la Comunitat Valenciana debía recibir este año superan los 15.254 millones de euros, cifra que supera en 1.793 millones a la que se liquidó en 2023 por ambos conceptos.

El Decreto-ley

Tanto las entregas a cuenta como la previsión de liquidación del sistema de financiación están reflejadas anualmente en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Y cuando las cuentas se prorrogan, el Gobierno tiene la posibilidad de aprobar un Real Decreto-ley que permita actualizar las entregas a cuenta para cumplir con las autonomías.

Por ese motivo, la consellera de Carlos Mazón exigió a la ministra Montero y a Sánchez que, del mismo modo que pusieron en marcha toda la maquinaria para acelerar la aprobación de los presupuestos, "demuestren la misma urgencia para aprobar el Real Decreto-ley que permita a las comunidades autónomas disponer cuanto antes de los recursos a los que el Gobierno se comprometió este año".

Merino recordó que existe un precedente en 2019 cuando, en octubre de ese año, el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley en el que las entregas a cuenta para las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales se actualizaron sin tener aprobados los presupuestos generales del Estado del año en curso.

El propio Ministerio de Hacienda, al frente del cual se encontraba María Jesús Motero, destacó entonces que esta medida sentaba un "precedente claro" al tiempo que suponía un refuerzo de "la autonomía financiera de las comunidades".

La ministra anunció en marzo que esta sería la fórmula para corregir el desajuste. Pero el decreto no se ha aprobado en mes y medio, y las autonomías han llegado al final del primer cuatrimestre del año sin recibir la financiación que le corresponde.

En el caso de la Comunitat Valenciana, este problema de liquidez se suma a la infrafinanciación crónica que padece la autonomía, de alrededor de 1.300 millones de euros, por un sistema de reparto caducado desde hace una década que el PSOE se comprometió a reformar en 2018 y lleva sin actualizar desde entonces.